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viernes, 5 de junio de 2009

Jóvenes y discriminación laboral

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO (CTA) DE HIPERMERCADOS, PARA LAS QUE TRABAJAN CERCA DE 8.000 jóvenes en Colombia, reemplazaron el salario de los empacadores por las propinas de los clientes, constituyéndose así, una indecorosa estrategia para aumentar el capital a costa de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores.

Los defensores de este modelo de contratación, afirman que es una alternativa laboral en medio de las altas tasas de desempleo que enfrenta la población joven, en la que además, las jornadas parciales les permiten contar con el tiempo y los recursos para combinar su empleo con el estudio, mientras mejoran sus condiciones de vida con la educación y la adquisición de experiencia laboral.

Sin embargo, un estudio realizado por los investigadores Nelcy Yoly Valencia y Juan Carlos Celis, así como algunas reflexiones sobre el modelo de contratación de los empacadores, muestran lo pobre que es el argumento anterior:

1. Al contratar únicamente a jóvenes estudiantes, se excluye a aquellos cuya prioridad es trabajar o buscar trabajo.

2. La exclusión es mayor para las mujeres jóvenes que casi duplican las tasas de desempleo masculinas, y especialmente en el de las madres jóvenes, que son discriminadas en la selección de personal.

3. La filosofía cooperativista implica promover el diálogo social, la solidaridad y la activa participación en la toma de decisiones. Sin embargo, la mayoría de empacadores desconoce las formas de participación de las entidades solidarias.

El “ejército de reserva” juvenil

Si nos atenemos a las cifras del DANE, sólo 1 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años permanece en el sistema educativo,1 mientras que 5 de cada 10 jóvenes, entre 14 y 26 años, tienen como principal actividad el trabajo o su búsqueda. El estudio y el trabajo, bien pueden combinarse, como sugiere la filosofía de las CTA, pero en los estratos bajos, la actividad más frecuente es el trabajo o su búsqueda, y el estudio se vislumbra como una segunda opción que depende de los recursos adquiridos con la actividad productiva.

De igual forma, 7 de cada 10 jóvenes trabajadores están vinculados a la economía informal, cuyas características potencian condiciones laborales precarias e imposibilitan la consecución de los recursos y el tiempo para estudiar.

En consecuencia, una “acción afirmativa” para la juventud trabajadora, por parte del Estado y de los empresarios, debería apuntar a brindarles un trabajo decente que les permita estudiar, en vez de un trabajo precario que le exija estar estudiando. De manera que, esta forma de empleo está dirigida a aquellos jóvenes que cuentan con el apoyo familiar, gracias al cual pueden orientar sus ingresos a la educación.

Por otra parte, en estudios que adelanta la ENS, se ha demostrado que la mayoría de los jóvenes que trabajan en la economía informal, son socialmente adultos; es decir, su trabajo está orientado al sostenimiento propio, al de sus hijos y al de otras personas a cargo; en tanto que la población joven, equivale a cerca de la mitad del total de desempleados del país y a una cuarta parte de la población ocupada. Igualmente, mientras que a finales de 2008, los jóvenes enfrentaban tasas de desempleo de 15,9%, para las mujeres esta cifra se disparaba a 25,4%.

De tal manera que, lo que Marx llamaba “el ejército de reserva”, representa hoy largas filas de trabajadores jóvenes desempleados, en especial mujeres pobres, que se ven forzados a trabajar precariamente, antes que permanecer en la inactividad, o incluso de buscar alternativas de subsistencia como la criminalidad, la delincuencia común, el narcotráfico o el conflicto armado, como sucede con frecuencia en el ámbito rural.2

La presión del Ejército de Reserva Juvenil sobre el mercado de trabajo, reproduce la lógica del “peor es nada”, pues los y las jóvenes se ven más forzados que otras poblaciones a aceptar condiciones de trabajo precario antes que permanecer desocupados. Lo que explica por qué algunos jóvenes empacadores, tanto estudiantes como no estudiantes, valoran positivamente este tipo de empleo. Hecho del cual toman ventaja los empresarios para mejorar sus índices de productividad por vía de la disminución del salario, e incluso mediante su reemplazo total por las propinas.

Un “buen servicio” con personal joven disciplinado

¿Cuáles son las verdaderas razones para la contratación de jóvenes estudiantes como empacadores? Las encuestas realizadas a los empacadores, así como la entrevista a Germán Jaramillo, defensor de las CTA, muestran que el perfil del joven estudiante es ideal para garantizar bajos niveles de conflictividad así como altos estándares de calidad en el servicio de empaque. Por un lado está la condición transitoria del trabajo, que al ser un medio para obtener experiencia y retirarse lo más pronto posible, disminuye la configuración de procesos de resistencia a largo plazo. El 38,6% de los jóvenes desea seguir siendo empacador/a, mientras el 12,3% se retirará sólo si lo despiden. El 21% quiere dejar ese trabajo cuanto antes, el 12,3% espera hacerlo antes de un año, el 5,3% entre uno y tres años, y un 6,5%, no sabe o muestra incertidumbre al respecto.

Por otro lado, la exigencia de estar estudiando garantiza un perfil de joven relativamente disciplinado, con una mentalidad programática y una serie de pautas de interacción acordes con el perfil que se requiere para ofrecer un buen servicio. Con ello, las CTA se ahorran el trabajo psicosocial, la promoción de competencias técnicas y las habilidades sociales, entre otros aspectos que se requieren en la promoción del trabajo decente. Programa que debe estar orientado hacia la población joven realmente excluida, aquella que trabaja en la informalidad, y lo hace bajo dinámicas discontinuas, lenguajes, estéticas y pautas de interacción “de la calle”, que chocan con la rigidez del mercado laboral formal.

Inequidades de género y baja participación

Las CTA de empacadores, limitan la participación femenina en la vida social productiva, cuando desde la selección de personal, le niegan el trabajo a mujeres embarazadas o con hijos. O también hacen eco del imaginario social, según el cual las mujeres son menos ágiles y logran menos propinas de los clientes. Se deriva de ello tanto la subordinación de las empacadoras frente a las figuras masculinas, como las mayores probabilidades de ascenso para los hombres, que se evidencia en la primacía de hombres con rango de supervisor.

Además, adelantan estrategias poco éticas que restringen la poca participación de los asociados en la vida interna de las cooperativas, al negar la formación cooperativa, como se vislumbra en la poca participación e ignorancia que muestran frente a la misma. Aunque al 85% de los empacadores les interesan los asuntos propios de las CTA, sólo el 27% se considera gestor de su propia empresa; el 84% no se considera dueño de ella; el 70% afirma no conocer sus balances financieros; el 41% no conoce qué ley las regula; e incluso el 16%, se considera contratado por la empresa a la que presta el servicio.

Como puede apreciarse en este análisis, las CTA de hipermercados, tienen los mismos vicios de las de otros sectores productivos, con el agravante de que sus asociados no tienen una “compensación” sino que “piden propinas”.

Las acciones adelantadas en el Congreso durante las últimas legislaturas, que supuestamente buscaban regular a las CTA, ni siquiera contemplan el caso particular de las de empacadores. Como bien lo ha señalado la ENS en informes previos, la nueva ley de CTA (1233 de 2008), no tiene uñas para impedir que estas entidades evadan derechos laborales y evitar que precaricen las condiciones de vida de los trabajadores.

Este fenómeno está inscrito en un panorama social más amplio, donde la explotación laboral del sector privado, al amparo de las CTA y con la venia del Estado, es cuestionada desde diversos frentes. O por lo menos así se expresó en la lucha de los corteros de caña en el Valle del Cauca; de los y las trabajadoras del sector judicial y los de la salud; y en la acción sindical convocada a nivel local e internacional, alrededor del lanzamiento de la Campaña por Trabajos Decentes, realizada el pasado 7 de octubre.

Todos estos factores coinciden con el inocultable colapso de las tesis que promulgaban la ley del libre mercado como fórmula única para resolver los fracasos económicos del esquema de desarrollo centrado en el crecimiento desmedido del capital, cuando justo el saliente gobierno estadounidense, el que más promulgó los supuestos del laissez-faire, hoy promueve una clara intervención del Estado para “salvar la economía”, librando de responsabilidades a los banqueros e inversionistas privados.

Todo lo anterior invita a unir esfuerzos para que, a través de la movilización, el Estado y el sector privado, asuman la aplazada responsabilidad de construir una sociedad donde el trabajo sea un medio de crecimiento personal y colectivo, garantizado por la presencia de espacios para el diálogo social.

Tomado de: http://www.ens.org.co/articulos.htm?x=20154645&cmd[111]=c-1-76

El gran déficit de trabajo decente en Colombia. El caso de las
Cooperativas de Trabajo Asociado.

El gran déficit de trabajo decente en Colombia. El caso de las
Cooperativas de Trabajo Asociado
Las políticas y leyes de los últimos años en materia laboral se han
caracterizado por mantener en la exclusión de la protección social y laboral a
más de las dos terceras partes de los trabajadores; por negar y evadir los
derechos laborales mínimos a más de 12 millones de trabajadores; el Estado
colombiano, antes que avanzar en estándares mínimos laborales, genera
legislación y prácticas contrarias al trabajo decente, dejando a casi el 70% de
los trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Las Cooperativas de
Trabajo Asociado son una muestra de esta situación de precariedad laboral
Las recientes huelgas de los trabajadores de la palma africana y de los corteros
de caña, el conflicto con los trabajadores del Puerto de Buenaventura, así
como la situación de los trabajadores de los hipermercados, las confecciones,
la floricultura, el sector de la salud, la vigilancia, etc., evidencian que las
llamadas cooperativas de trabajo asociado (CTA), han contribuido a deteriorar
la calidad del empleo en Colombia. Las entidades que se han constituido al
amparo de la figura legal de las CTA, no responden realmente a los principios
cooperativos y hacen uso abusivo del derecho de asociación cooperativa, para
burlar los derechos de los trabajadores, en beneficio de los empresarios y de
quienes a manera de testaferros de empleadores promueven la creación de las
mismas. Las llamadas CTA son seudo cooperativas.
Las CTA son usadas por las empresas como forma de tercerización que han
permitido externalizar costos de la propia empresa, y remplazar o despedir
trabajadores con contrato laboral y en muchos casos trabajadores
sindicalizados con convención colectiva. El costo inmensamente inferior, y una
relación laboral sin derechos, produjo que las CTA se extiendan como un
“nuevo modelo de relaciones laborales” al punto que en febrero de 2008
existían 12,068 CTA registradas, en 2007 se estimaba que habían 4.221.1081
asociados a CTA.
Ante semejante precariedad se expidió la Ley 1233 de 2008 que tuvo como
origen un proyecto de ley presentado por el gobierno cuando se aproximaba la
decisión del congreso norteamericano sobre el TLC con Colombia; proyecto que
se limitaba a crear la obligación del pago de los impuestos parafiscales en las
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Durante el trámite de este proyecto
en el Congreso de la República fueron muchos los debates y propuestas, y por
ello el resultado fue una ley que considera otros temas adicionales.
Sin embargo, el Gobierno no podrá presentar esta Ley como un avance en
relación con las exigencias internacionales sobre la materia, pues de manera
clara se ignoran las recomendaciones realizadas por los órganos de control de
la OIT. Esta Ley 1233 no reconoce a los asociados de las CTA los derechos de
asociación, negociación y huelga, y tampoco prevé medidas suficientes para
impedir que no se utilicen las CTA como forma de defraudación de derechos
laborales y sindicales. En suma, podemos afirmar que esta ley les permite a las
CTA seguir siendo herramientas para evadir derechos laborales y precarizar las
condiciones de vida de los trabajadores pues no resolvió temas cruciales como:
1- Los asociados a las CTA no cuentan con derechos fundamentales y
esenciales que sí tendrían como trabajadores vinculados por contrato.
2- Al contratar CTA, las empresas logran que los costos de nómina laboral sean
externos y no imputables a ellas. Las empresas únicamente responden por lo
que firmen en la oferta mercantil, sin que sea posible siquiera demandarlas por
vulneración de derechos laborales.
3- Para evadir los costos por aportes a seguridad social, los empresarios
prefieren contratar con CTA, en las que dichos aportes corren, en su totalidad,
a cargo de los asociados.
4- La principal actividad de las CTA es la intermediación laboral. La inmensa
mayoría de actividades que realizan las CTA se da por contrataciones que
hacen las empresas como intermediación laboral, y en la práctica las empresas
remplazan sus trabajadores por asociados a CTA.
5- Hay una ausencia casi total de control a las CTA, por lo que un número
ínfimo de ellas se encuentra actualmente cumpliendo con la normatividad
vigente.
6- Hay ausencia de participación democrática de los asociados de las CTA. Por
la inexistencia de límites razonables para el periodo de las juntas de
administración de la CTA, son muchos los casos en que los asociados están
convencidos de que éstas tienen dueño en vez de gerente, porque la oferta mercantil firmada entre empresa y CTA no esta sujeta a la aprobación de la
asamblea de asociados.
7– Hay competencia entre las CTA por ofrecer peores y más baratas formas de
contratación, lo que genera una especie de guerra del centavo entre ellas.
8- Las CTA se usan como herramienta para debilitar y disminuir a los
sindicatos. Los asociados a CTA no tienen derecho a sindicalizarse porque,
según el Ministerio de la Protección Social, no tienen la calidad de trabajadores
sino de aportantes de su fuerza de trabajo.
La OIT ha emitido varias observaciones y recomendaciones sobre las
Cooperativas de Trabajo Asociado, recientemente en la 97 Conferencia (junio
de 2008), la Comisión de aplicación de Normas señalo: “… En particular, la
Comisión esperó firmemente que se adoptarán sin demora disposiciones
legislativas para asegurar que los contratos de servicio o de otro tipo y las
cooperativas u otras medidas no sean utilizados como medios para
menoscabar los derechos sindicales y la negociación colectiva…”.

Tomado de: http://www.ens.org.co/aa/img_upload/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/declaracion_lucianosanin_congresoeeuu_feb1209.pdf

martes, 2 de junio de 2009

los derechos y deberes de los trabajadores

nota interesante:
Dirección General de Protección Laboral
El Ministerio de la Protección Social como responsable de las Relaciones Laborales en Colombia busca garantizar el cabal cumplimiento de la Ley y los compromisos emanados de los Convenios Internacionales de Trabajo ratificados por Colombia.

Dentro de este contexto la Dirección General de Protección Laboral busca generar mecanismos de atención sociolaboral para aquellas poblaciones trabajadoras que por hallarse en relaciones de trabajo no formalizadas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad Laboral y social.

Desde ahí se posiciona en la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo expresados en la lucha contra el trabajo infantil, la protección laboral de los jóvenes trabajadores, la garantía de igualdad del trabajo para las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores rurales y el desarrollo de modelos de productividad alternativos para emprendimientos, iniciativas productivas famiempresariales y de asociatividad para que estas poblaciones trabajadoras desarrollen formas alternativas del Trabajo Decente, Buenas Prácticas y Protección Laboral en concordancia con los instrumentos que al respecto ha producido la OIT.

En este sitio encontrará información referente al desarrollo de la Protección Laboral en las tres lineas de trabajo en que se enmarca esta área, así:

Protección a Poblaciones de Trabajadores Vulnerables

La Protección Laboral ha focalizado sus acciones de intervención en los niños y las niñas trabajadores, para prevenir su vinculación temprana al trabajo, desestímular el trabajo infantil y avanzar en su erradicación progresiva, con énfasis en las peores formas, dar protección a los jóvenes trabajadores, eliminar la discriminación laboral de las mujeres y garantizar todos los derechos laborales los trabajadores del sector rural. Se trata de disminuir las condiciones de vulnerabilidad laboral en las poblaciones trabajadoras vulnerables ya sea por el carácter de los trabajos o actividades que desempeñan, las condiciones en que lo hacen, las circunstancias económicas que los rodean y las limitaciones para acceder a recursos de empleabilidad, productividad y trabajo.

Fomento a la Productividad

El fomento de la productividad es una herramienta asumida como estrategia de promoción y apertura de oportunidades para las poblaciones trabajadoras más vulnerables y los desempleados, por medio del desarrollo de mecanismos de generación de alternativas de trabajo, a través de la conformación de formas asociativas dentro de la Economía Solidaria u otras figuras empresariales, lo cual posibilita oportunidades de acceso a ingresos, dentro del concepto de emprendimiento cuyo objetivo es: Apoyo a la conformación de unidades productivas individuales y/o colectivas en la población más vulnerable.

Diálogo Social

El contexto del Diálogo Social se enmarca en el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo que tiene su desarrollo a través de la participación ciudadana y como iniciativa de la ciudadanía, profundiza en procesos de descentralización para la recuperación de la confianza y reconstrucción de las instituciones públicas, pasando de una democracia representativa a una participativa en la construcción de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y disminución de la vulnerabilidad de los más desprotegidos.

capacitacion yolanda

"Dirección General de Protección Laboral";DGPL'ministerio de proteccion social'
13/06/2006

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